Tal como se preveía la Procuración General de la Nación dictaminó este viernes contra la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández por el cual se dispuso la suspensión por dos semanas de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el epicentro de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19.
Con este dictamen la Corte Suprema de Justicia ya se encuentra en condiciones de fallar sobre la disputa que se abrió entre Nación y Ciudad por la presencialidad en las aulas. Se espera que el máximo tribunal de a conocer su fallo casi sobre el final del plazo de vigencia del cuestionado decreto.
De acuerdo con el dictamen de la Procuración que lleva la firma del propio Eduardo Casal, el decreto del Ejecutivo no estaría suficientemente fundamentado y no estaría demostrado desde el punto de vista epidemiológico que la presencialidad en los colegios constituya un factor de riesgo para los alumnos.
Para Casal la posibilidad de suspender las clases es potestad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no de Nación.
El Procurador señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.
Ahora la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver. La opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.
